En México, el microcrédito no solo opera en instituciones formales, sino también en un sector informal. Prestamistas no regulados, como usureros y líderes locales, son clave, especialmente en zonas rurales y pobres. Aunque ofrecen acceso rápido, conllevan graves peligros. Este artículo explora su impacto, características y desafíos.
Es un mercado ilegal que opera fuera del sistema financiero regulado. Sus actores incluyen:
Según la CONDUSEF, el 40% de pequeños empresarios en México ha recurrido a préstamos informales. En estados pobres como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, esta cifra llega al 60%. La falta de bancos y microfinancieras formales en estas zonas explica su prevalencia.
Las tasas de interés oscilan entre el 10% y 20% mensual (120-240% anual). Por ejemplo:
Muchos desconocen diferencias entre préstamos formales e informales, no calculan costos reales o firman contratos confusos. Los prestamistas abusan de su desesperación, imponiendo cláusulas abusivas que derivan en pérdida de propiedades.
Los informales entregan dinero sin verificar documentos, en minutos y en efectivo. Esto atrae a quienes enfrentan emergencias, aunque implica aceptar condiciones predatorias.
Acciones gubernamentales: Sancionar actividades ilegales, expandir infraestructura financiera y promover educación.
Cursos de alfabetización: Programas para enseñar gestión de deudas y derechos, impulsados por gobierno y ONGs.
Alternativas tecnológicas: Fintechs que ofrecen microcréditos digitales con requisitos simples (smartphone, internet y cuenta bancaria).
El microcrédito informal alivia necesidades inmediatas, pero genera esclavitud económica. Sin opciones accesibles y reguladas, este mercado persistirá. La combinación de tecnología, educación y regulación estricta es clave para reducir su influencia.
